PGR y Ministra de DD HH
Jueves 16 de febrero de 2012

Estado de Honduras se prepara para demanda

09:23 pm  - Redacción 

El Estado reconocería de forma expedita el incumplimiento de deberes como signatario de DD HH.

Al menos 350 reos fallecieron asfixiados o calcinados en la cárcel de Comayagua, zona central de Honduras. (Foto: Estalin Irías)
Al menos 350 reos fallecieron asfixiados o calcinados en la cárcel de Comayagua, zona central de Honduras. (Foto: Estalin Irías) ()
Tegucigalpa,

Honduras

El Estado de Honduras sería objeto de una demanda por parte de familiares y por ende de una condena "irreversible" de organismos internacionales a causa del pavoroso incendio registrado la noche del martes en el centro penal de Comayagua , que acabó con la vida de al menos 350 reclusos.

Así lo manifestó este jueves la ministra de Derechos Humanos y Justicia, Ana Pineda, durante su comparecencia en el foro televisivo Frente a Frente. La funcionaria explicó que siendo Honduras signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos, debe hacerse responsable por la muerte de las personas recluidas en la penitenciaría de Comayagua.

"La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos ha emitido una opinión para que se proceda a una solución amistosa, es decir, el Estado reconozca paladinamente el incumplimiento de los deberes como signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos y acortemos ese tránsito de llegar a una condena que irreversiblemente se va a dar", señaló Pineda.

Ayer, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Miguel Insulza, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) enviar una delegación a Honduras  para investigar el incendio.

Posteriormente, la CIDH explicó en un comunicado que solicitó a Honduras, “en forma urgente”, realizar una visita “a fin de dar seguimiento al incendio ocurrido en Comayagua y a la situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad en el país”.

Honduras fue condenado en años recientes por la muerte de 107 privados de libertad  registrada el 17 de mayo de 2004 en la granja penal de San Pedro Sula,  al norte de país. En este caso, la el organismo dependiente de la OEA determinó que las muertes obedecieron a deficiencias estructurales del penal, que era conocidas por las autoridades.

La CIDH analizará la situación de las cárceles en Honduras en su próximo periodo de audiencias en marzo.

PGR se prepara ante posibles demandas

La Procuraduría General de la República (PGR) se prepara ante posibles demandas contra el Estado de Honduras, por la tragedia en la granja penal de Comayagua.

La violación a la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita por Honduras, hace inminente la interposición de acciones legales por familiares de las víctimas, reclamando indemnización por daños y perjuicios.

“Al Estado de Honduras no le queda más que documentarse, conseguir toda la información y decir la verdad de los acontecimientos, solo tenemos que esperar el resultado de las investigaciones”, expresó la procuradora general Ethel Deras Enamorado.

Las denuncias se incoarían ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington. Si las denuncias prosperan, será la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en San José, Costa Rica, quien emitirá sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria.

Deras considero que aparte de asumir una defensa del Estado, lo más importante es definir qué medidas se deben adoptar.

“Creo que estos acontecimientos le dan una oportunidad al Estado de Honduras para que mejore las condiciones en que se encuentran los centros penitenciarios”, expresó.

En ese sentido, recomendó adoptar las recomendaciones y observaciones que en su momento hizo la CIDH en cuanto a otras tragedias de este tipo.

En relación al tema, la PGR comparecerá el próximo 28 y 29 de febrero a una audiencia convocada por la CIDH para resolver una demanda incoada por la muerte de 107 privados de libertad registrada el 17 de mayo de 2004 en la granja penal de San Pedro Sula.

 “Vamos a presentar toda la documentación de descargo, a favor del Estado de Honduras”, dijo. Resta que se resuelva la demanda por la muerte de 68 reos en la granja penal de El Porvenir. En ambos casos el Estado podría ser condenado a erogar grandes cantidades de dinero por indemnizaciones a favor de familiares de las víctimas.

Inaceptable tragedia acaecida en granja penal

Para el presidente Porfirio Lobo Sosa, la persona humana constituye el centro de la sociedad y por ende de la gestión gubernamental, así como la razón de ser del Estado.

En un comunicado oficial, la Presidencia de la República reiteró ayer que el incendio en la granja penal de Comayagua, donde perdieron la vida al menos 356 reclusos, es inaceptable.

 “A tal efecto, ha instruido a la Secretaría de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos para que, acompañada del secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores (Arturo Corrales), emprenda, de conformidad a lo que manda la legislación hondureña y honrando los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos, con el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las gestiones que correspondan a fin de garantizar el trato digno, justo y adecuado a los familiares de las víctimas que las circunstancias exigen”.

Seguidamente el documento establece que el “Presidente de la República reafirma su decisión de que estos trágicos hechos deben ser investigados exhaustivamente por las autoridades nacionales con asistencia internacional, profundizando el proceso ya iniciado que determine más allá de toda duda las causas que originaron esta tragedia y deducir las responsabilidades”.

En el documento, el gobierno agradeció la solidaridad y asistencia brindada por la cooperación internacional, aduciendo que el pueblo hondureño la recordará permanentemente.

Y es que el miércoles anterior el mandatario ordenó al separación de las autoridades de los centros penales a nivel nacional tras el grave siniestro que ha enlutado a decenas de familias hondureñas.

El gobernante se comprometió a brindar la asistencia necesaria a las familias de los reclusos que murieron calcinados en la granja penal comayagüense.     

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