A reunión de emergencia jueces de lo Penal de Honduras ante investigación de bienes

Los jueces de lo Penal de Honduras se reunirán de emergencia en las próximas horas para analizar el decreto que ordena la investigación de los bienes de jueces y fiscales.

La convocatoria fue hecha este jueves por el presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados Teodoro Bonilla, ante el decreto que crea la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública y que contempla la investigación de los bienes de policías, jueces y fiscales  durante los últimos diez años en el marco de la depuración aprobada por el Congreso Nacional.

Al respecto, el juez de lo Penal de La Granja Esteban Martínez dijo que se reunirán para analizar el decreto "y tomar una postura".

A título personal, Martínez dijo que "yo como operador de justicia no tengo ningún temor a que se nos investigue pues nuestras actuaciones siempre han estado dentro del marco de la ley".

No obstante, en su discusión los jueces analizarán qué tan legal puede ser la Comisión "porque internamente el Poder Judicial ya tiene su ente encargado" de investigar a los funcionarios de esa poder del Estado, papel que recae en la Inspectoría de Tribunales.

El juez mencionó también que la orden de investigar los bienes de jueces y fiscales proviene de otro poder del Estado, por lo tanto podría ser considerada como una intervención.

Los profesionales del Derecho analizarán también el período de diez años que marca el decreto aprobado por el Congreso Nacional. "No sé en qué ley van a amparar esta investigación para considerarla legal", expresó.

Recordó que la ley solo es retroactiva en material Penal, "incluso cuando le favorece al delincuente".

El decreto establece que el proceso de investigación de los bienes de los policías recaerá en la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial; la Coordinación Nacional de Fiscales en el caso del Ministerio Público y la Inspectoría de Juzgados y Tribunales en el Poder Judicial.

La investigación abarcará la procedencia del patrimonio, determinando sus ingresos y comparándolos con sus propiedades en bienes muebles e inmuebles, así como las de sus cónyuges o compañeros de hogar y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

En caso de incongruencias entre los ingresos y el patrimonio del investigado, se emitirá copia certificada del expediente al Tribunal Superior de Cuentas (TSE) para los efectos de la ley.

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