Control se hará digitalmente
22 de Octubre de 2014

La seguridad penitenciaria será modernizada en Honduras

10:55PM  - Redacción 

Jueces y fiscales estarán en las cárceles para celebrar las audiencias sin necesidad de trasladar a los presos a los Juzgados. Centros penales se reducirán de 24 a 12, tendrán mejores instalaciones y serán regionalizados.

SERIE 4/5

Tegucigalpa, Honduras

Brazaletes electrónicos, equipo de rayos X, detectores de metales y una base de datos digitalizada son algunas de las medidas de seguridad que serán implementadas por las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario en las cárceles de Honduras.

Ademas, las visitas de los reclusos se estarían restringiendo a solo familiares, informaron las autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.

Estas medidas comenzarán a implementarse una vez que empiecen a funcionar las megacárceles de El Porvenir, Francisco Morazán y en La Acequia, Quimistán, Santa Bárbara, las que serán el modelo a seguir en el sistema penitenciario.

Las autoridades son del criterio que la inseguridad en los centros penales se debe al control que han tenido los reclusos sobre las autoridades, situación que ha cambiado desde que las cárceles están bajo el control de las Fuerzas Armadas. Como ejemplo de la inseguridad interna expusieron que el Instituto Juan Ramón Molina, que funciona dentro de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto (PNMAS), dejó de impartir clases hace varios años ya que existía un problema entre la población carcelaria agrupada en organizaciones criminales.

Otro caso es que en las cárceles se dejaron de realizar las exposiciones de las artesanías fabricadas por los reclusos, por lo que se analiza la posibilidad de que estas viejas costumbres se pongan en práctica nuevamente.

En la cárcel de Támara, los talleres solo funcionan en un 20 por ciento, “pero cuando se hagan las condiciones adecuadas para que no hayan pleitos internos entre una facción de la 18, la 13, los “paisas” y Los Chirizos, las cosas cambiarán porque el privado de libertad va a ir tranquilo a clases, a los talleres para producir”, comentó Rigoberto Chang Castillo, titular de ese ministerio.

“Poco a poco hemos ido restableciendo la autoridad penitenciaria”, afirmó.

Actualmente, las autoridades tienen casi el control total de la información de las llamadas telefónicas que realizan los reclusos, ya que en las cárceles se han instalado teléfonos que son monitoreados y controlados por las autoridades penitenciarias. Debido a esto, se ha logrado evitar algunos crímenes ya que han podido escuchar la planificación, nombre de la víctima y el lugar de donde se cometerá el suceso.

Aunque la habilidad para cometer fechorías sigue siendo impresionante, ya que los reos ahora utilizan radios UHF o radio comunicadores de alta frecuencia.

Reducción de cárceles

El gobierno se ha impuesto modernizar el sistema carcelario nacional, por lo que se analiza la posibilidad de reducir de 24 a 12 las cárceles.

Para finales del presente año se tiene contemplado comenzar a restaurar las instalaciones de algunos de los centros penales, los cuales se irán modernizando de manera gradual.

“Le recomendamos al presidente que de los 24 centros penitenciarios que tenemos dejemos 12 o 14 máximo, que sean cárceles sectoriales, una para occidente, Cortés y Yoro; otra para Atlántida y Colón; Olancho, el sur otra y dos para Francisco Morazán; y así sucesivamente”, reveló el ministro.

Lo que sucede, agregó, es que debemos vivir de la realidad cruda, no podemos tener muchas cárceles que no podemos administrar porque la infraestructura, los edificios no lo permiten, no tenemos personal calificado.

Para la viceministra de Derechos Humanos, Karla Cueva, la regionalización de las cárceles sería un buen mecanismos para la rehabilitación del privado de libertad, ya que su familia tendrá la facilidad de visitarlos.

La funcionaria dijo que actualmente muchos de los reclusos no reciben visitas por la difícil condición económica de las familias, que deben viajar desde lejanos lugares.

Según las autoridades, los reos podrían ser trasladados a la cárcel ubicada en las cercanías de su lugar de origen y así ir trabajando junto a sus parientes la futura reinserción del recluso en la sociedad.

Chang Castillo dijo que antes de la regionalización se hará una restauración de las edificaciones que seguirán siendo utilizadas como cárceles.

Entre las primeras en restaurar se encuentra la de Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios.

Aunque en realidad el mejoramiento en las instalaciones carcelarias comenzó en la Penitenciaría de Támara con el incremento en el costo de la alimentación de los reclusos, que subió de nueve a 39 lempiras diarios.

Así como las mejoras en algunos de los dormitorios, en el sistema de agua potable, alcantarillados y en el sistema de electricidad.

Jueces y fiscales

En las propuestas de mejoras a la seguridad carcelaria y a las condiciones de vida de los presos, las autoridades permanecen en comunicación con el fiscal general Óscar Chinchilla y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, para que estas instituciones puedan nombrar a un juez de ejecución y fiscales para realizar las audiencias en lo interno de los centros penales.

Según Chang Castillo, esto beneficiaría en la reducción de la mora judicial, en el ahorro de combustible por el traslado de los reos a los diferentes juzgados y en la movilización del recurso humano para el cuidado, vigilancia y resguardo de los reclusos.

“Estamos procurando que las audiencias que sean para las personas no condenadas que se hagan en el centro penal, porque cuando enviamos 50 reos a audiencias tenemos que ponerles cien hombres a que los cuiden, transporte, y a veces no tenemos combustible, las llantas están malas; entonces, los costos se encarecen”, enfatizó el ministro.

El funcionario afirmó que Chinchilla y Avilés se han mostrado anuentes a nombrar fiscales y jueces y así solventar parte de la problemática carcelaria.

Estos problemas se ven a menudo cuando los presos son trasladados desde el lugar de su detención a un centro penal de otro lugar, por lo que el traslado requiere de mayores gastos en todos los aspectos.

La modernización del sistema penitenciario es una de las metas a cumplir por el gobierno, por lo que se trabaja en una serie de estrategias a implementar para cumplirla.

Estaciones bomberiles

Otra de las medidas de seguridad para evitar que se produzcan tragedias similares a la de la granja penal de Comayagua es la construcción de estaciones del Cuerpo de Bomberos en los principales presidios.

Las autoridades revelan que actualmente buscan el financiamiento para la construcción de la estación que estará en los mismos predios de la cárcel de Támara. La idea es que los bomberos asignados al lugar puedan atender cualquier emergencia que se registre en el presidio varonil, la cárcel de mujeres y en los centros de menores infractores, ya que todos están aledaños, ademas podrá brindar ayuda a los vecinos de las colonias de los alrededores, así como a empresas que funcionan en el sector.

“La idea es de llevar una estación bomberil en las principales cárceles, pero el principal problema es que no tenemos dinero”, por lo que se buscarán los fondos para realizar el proyecto, dijo el ministro.

Con la puesta en marcha de todas estas medidas de seguridad, las autoridades esperan retomar completamente el control de los 24 centros penales y así poder gobernar a los 16,103 privados de libertad. En varias ocasiones, el Estado de Honduras ha sido condenado por la violación a los derechos humanos, específicamente, por las muertes colectivas que se han registrado en al menos tres incendios en diferentes centros penales, en los cuales han fallecido cerca de 400 reos.

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