Honduras
.Los que pretendan ejercer acciones antidemocráticas para boicotear las próximas elecciones generales serán acusados por delitos electorales y otros tipos penales como sedición y terrorismo.
Los zelayistas han externado su posición en contra del proceso electoral general ordenado por la Constitución.
Como primeras acciones han procedido a destruir propaganda de candidatos a cargos de elección popular.
Los delitos electorales están consignados en la Ley Electoral y la Constitución de la República, se deben imputar a personas naturales o jurÃdicas que de alguna u otra manera traten de impedir o impidan el ejercicio del sufragio por parte de los ciudadanos hondureños, manifestó Óscar GarcÃa, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH).
Curiosamente, quienes quieren impedir que el pueblo se manifieste son los que hace unos meses aseguraban que el soberano debÃa ser consultado cuantas veces fuera necesario.
El boicot puede darse al impedir el traslado de los hondureños a los centros de votación o al momento de ejercer el sufragio en las mesas electorales.
"De darse estos casos, la fuerza de seguridad pública, el Ministerio Público y la PolicÃa Preventiva deberán actuar deteniendo a estas personas a efecto de ponerlas a la orden de los tribunales para que sean juzgadas por el delito electoral correspondiente", manifestó.
Delitos
Entre los delitos electorales están la coacción y amenaza electoral, destrucción de propaganda y otros como el "impedir o suspender, sin motivo justificado, cualquier acto electoral", estos últimos castigados con de cuatro a seis años de reclusión.
Otras figuras jurÃdicas tipificados en el Código Penal, como la sedición y terrorismo, pueden derivarse de actos de boicot electoral.
"Esto lleva implÃcito otro tipo de acciones que ejecutan estas personas que conllevan lo que es crear el terror, el miedo", dijo.
"Estos actos violentos pueden ser calificados como terrorismo y llevan como consecuencia el evitar que se realice el proceso electoral", concluyó.
* Precedente: El CAH hizo un llamado a la FiscalÃa y los tribunales para que realicen todas las acciones jurisdiccionales a efecto de condenar a quienes participen en un boicot electoral.
