Honduras
.El Juzgado de Letras Contencioso Administrativo puede actuar de oficio para dejar sin valor y efecto el nuevo decreto para la encuesta de junio y la cuarta urna.
El juez Jorge Zelaya admitió la demanda interpuesta por el Ministerio Público (MP) contra el decreto PCM-05-2009, con la suspensión del acto impugnado, es decir que suspende la encuesta del último domingo de junio y la promoción de la misma, para no causar daños irreparables a la economía, sociedad y política del Estado.
Según dicho decreto se dispone realizar una amplia consulta popular mediante el uso de procedimientos estadísticos, para que la ciudadanía pueda expresar si está o no de acuerdo con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, para dar un zarpazo a la actual Constitución y crear una nueva Carta Magna.
Previo a que el juzgado admitiera la demanda con suspensión del acto impugnado, el Ejecutivo anunció la anulación del decreto PCM-05-2009, que nunca se publicó en La Gaceta, pero la promoción de la cuarta urna en anuncios publicitarios en medios de comunicación dieron por tácita su vigencia.
El Ejecutivo anunció que a cambio crea el decreto PCM-O19-2009, admitiendo así que el proceso era ilegal.
Sin embargo, lo único que hicieron fue cambiar la palabra “consulta” por “encuesta de opinión pública”.
En virtud que el cambio únicamente es de forma y no de fondo, las consecuencias de este nuevo decreto sería el mismo que el PCM-05-2009.
En consecuencia es el mismo Juzgado Contencioso Administrativo quien tendría que proceder a la suspensión de los efectos del nuevo decreto.
“Nuevamente está a consideración del Poder Judicial, a través de diferentes juzgados, identificar si esos actos son los mismos actos tácitos de los que el señor juez se ha pronunciado”, expresó la procuradora general, Rosa América Miranda, quien el pasado miércoles se notificó de la sentencia interlocutoria emitida por el juzgado que suspende la encuesta de junio y su promoción.
El juzgado puede actuar de oficio o que el MP impulse una acción para que el juez se pronuncie al respecto.
En tal sentido no sería necesario interponer una nueva demanda de nulidad contra el nuevo decreto. Sin embargo, el MP analiza el paso a seguir en el caso que el Ejecutivo concrete su amenaza de emitir un nuevo decreto para la encuesta de junio y la cuarta urna de noviembre, bautizada como la urna del continuismo.
* ILEGAL: Para connotados juristas, y como lo establece la ley, no es posible que el Ejecutivo lleve a cabo una encuesta de opinión pública con fines políticos.
