Gobierno da marcha atrás al espionaje telefónico

El espionaje telefónico gubernamental ya no se realizará porque la compañías de celulares no tienen capacidad para grabar las conversaciones.

Esto se definió la noche del viernes en una reunión de Consejo de Ministros entre representantes de la empresas de telefonía móvil y el presidente Manuel Zelaya.

La intercepción de llamadas fue una de las desesperadas medidas que el Ejecutivo aprobó la semana pasada para frenar la ola de criminalidad organizada que sacude el país, pero principalmente el secuestro y la extorsión.
Organismos de derechos humanos reclamaron que esto era una violación a la intimidad que protege la Constitución.
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El presidente de la junta directiva de Tigo, Antonio Tavel Otero, dijo que su compañía y las otras tres operadoras argumentaron ante el mandatario que todavía no cuentan con la tecnología para grabar las conversaciones de los usuarios, pero que siempre apoyarán la estrategia de seguridad. “Como dijo el Presidente: No es una bala mágica que va a ir a dar al corazón del delincuente pero va a servir para complicarle su operación”, acotó Otero.

En vez de grabar las llamadas, se registrarán las mismas e inmediatamente que la autoridad policial pida esos datos se les proporcionarán.

Anteriormente, para obtener ese registro se requería de un engorroso trámite judicial, lo que le daba al delincuente tiempo para terminar su fechoría y evadir la justicia.

“Este registro en ningún momento viola la privacidad entre usted y yo, más que todo es tener los soporte necesarios para poder brindarle el apoyo a la Policía”, dijo Leónidas Padilla, representante de Digicel. Mediante este control se pretende monitorear las comunicaciones de los delincuentes y que encuentren más dificultades en hacer sus operaciones.

Otras acciones que se pondrán en marcha es el registro de la identidad de las personas que compran chips de celulares y la prohibición de tener números privados de móviles.

Norma Flores, de Claro, y el gerente de Hondutel, Jorge Rosa, también participaron en la reunión ministerial.
Asimismo, los dueños de tiendas de servicio de Internet deberán registrar la identidad de quienes hagan uso de computadoras, pues muchos de las comunicaciones de los delincuentes se hacen por este medio.

El presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Raúl Valladares, aseguró que existe la tecnología para identificar qué servidor fue utilizado para establecer una comunicación. “Si sabemos de dónde se hizo una comunicación, pedimos al dueño del Internet el nombre de quién usó el ordenador y así lo podemos identificar”, aseguró Valladares.

En total fueron 12 las medidas que aprobó el gobierno para enfrentar el crimen organizado que fueron anunciadas, pero otras se mantienen en secretividad.

Actualmente hay una causa judicial pendiente contra el ex gerente de Hondutel, Marcelo Chimirri, y otros funcionarios por espionaje telefónico, ya que, según los investigadores, desde esta institución se grababan llamadas del Presidente y otros funcionarios.

“Terrorismo policial”: una amenaza

Con todo lo que se le aprobó a la Policía en el Congreso Nacional, más las medidas que pretende implementar el Ejecutivo para combatir la criminalidad, se está creando un “terrorismo policial”, advirtió ayer Ramón Custodio, comisionado nacional de los Derechos Humanos. Errar es de humano y reparar es de sabios, dijo refiriéndose a la determinación del Poder Ejecutivo de abortar la intervención telefónica como una vía encaminada a rastrear a los secuestradores.

Ojalá que la inteligencia y la razón les haya llevado a ver que estaban violentando garantías constituticonales. La escucha de las comunicaciones es una violación a la privacidad de cualquier persona. Esta acción impuesta inconstitucionalmente es un espionaje.

Las medidas propuestas por el Poder Ejecutivo estarían nada más complementando “el terrorismo policial en este país.

Ellos serían los dueños de la situación y estaríamos viviendo en un estado policiaco, lo que siempre han pretendido los señores de la policía”, recalcó.