Un total de 4.6 millones de hondureños están convocados este 29 de noviembre a elecciones generales en medio de un ambiente de crispación política tras la destitución del entonces presidente Manuel Zelaya Rosales.
Sumergidos en la peor crisis política de su historia moderna, los hondureños relevarán nuevas autoridades en el Poder Ejecutivo y el Legislativo, en unos comicios donde sus organizadores están en la obligación moral y ética de garantizar que sean transparentes y limpios.
Con la amenaza internacional de que los resultados no sean reconocidos y una campaña mediática sin precedentes por el repudio a las autoridades constituidas a partir del 28 de junio, la misión parece ir cuesta arriba.
Sin embargo, los pasos dados parecen perfilar que la crisis política no tendrá otra salida más que la presencia de los hondureños en las urnas para elegir un presidente, tres designados presidenciales, 128 diputados propietarios y sus respectivos suplentes, y 298 corporaciones municipales.
Toda la maquinaria electoral está en marcha: las papeletas en proceso de impresión, la capacitación de los administradores de las mesas electorales, los militares bajo la orden del Tribunal Supremo Electoral, la logística estructurada para dar inicio, en sí, la seguridad del proceso electoral.
En el otro lado, la campaña política también se realiza a todo vapor: los candidatos a cargos de elección popular en el ruedo buscando captar simpatizantes y asegurarse los votos.
Y es que todos los analistas coinciden en que la fecha definida para salir del túnel es el 29 de noviembre. El analista Raúl Pineda Alvarado ha dicho que a pesar de la pretensión de la comunidad internacional por imponer a Zelaya Rosales, la verdadera solución está en manos de los hondureños.
Pineda Alvarado se preguntá cuál es el interés de Zelaya de querer volver a la presidencia por dos semanas, si el vacío de poder será más latente.
En estos términos coincide el también analista Jorge Yllescas Oliva, al asegurar que el retorno de Zelaya a la Presidencia más bien pone en riesgo el proceso electoral. Y recuerda todo lo que hizo Zelaya para destruir desde el poder a la institucionalidad del país: la campaña sistemática contra los poderes del Estado, contra los órganos contralores del Estado, contra los medios de comunicación independiente y también se ensañó contra los partidos políticos.
Zelaya Rosales fue destituido de la presidencia de la República por los tribunales de Honduras cuando pretendió, al margen de la ley, convocar a una asamblea nacional constituyente para redactar una Constitución y cambiar la forma de gobierno.
Atendiendo una orden de los tribunales, las Fuerzas Armadas lo capturaron el domingo 28 de junio en su casa de habitación y decidió expulsarlo del país. Los diputados del Congreso Nacional, eligieron a Roberto Micheletti para suplir el período de Zelaya, de acuerdo a lo establecido por la Constitución de la República.
Zelaya recibió la solidaridad de los país del círculo del presidente Hugo Chávez, el lider del Socialismo del siglo XXI, y logró que la comunidad internacional no escuchara a Honduras y condenara a las nuevas autoridades surgidas tras los sucesos del 28 de junio.
La comunidad internacional propugna por la restitución de Zelaya, mientras que en el país se aboga porque las elecciones pongan fin a la crisis política, aunque los simpatizantes del depuesto mandatario andan en abierta campaña para boicotear las elecciones generales.
