Escasa participación de discapacitados en política

Los espacios de participación de las personas con discapacidad en el engranaje político siguen siendo mínimos, pese a que representan el 11 por ciento de la población del país.

Se estima que a nivel nacional hay unas 700 mil personas con discapacidad, de las cuales cerca de 170 mil están habilitadas para ejercer el sufragio, según el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El total de los candidatos con capacidades especiales que aspiran a participar en el proceso electoral, que se llevará a cabo dentro de días, ni el TSE lo conoce. EL HERALDO logró constatar que ni a nivel de los partidos políticos considerados como tradicionales en su mayoría no aparecen registrados estos hondureños.

Al revisar las papeletas del Partido Liberal solo se reconoce a Dayana Martínez, no vidente, quien va por la reeleción a nivel de la segunda diputación en Francisco Morazán.

Por el Partido Nacional no se logró conocer si cuenta con algún espacio para las personas con discapacidad, contrario al Partido Innovación y Unidad (Pinu), que sí detalló a sus candidatos, pues lleva en sus planillas a cargo de diputados 3 personas no videntes, 1 en Francisco Morazán, 1 en Cortés y 1 en Choluteca.

En el Partido Democracia Cristiana (DC), tampoco se pudo conocer el número de discapacitados con aspiraciones a un puesto gubernamental.

A la fecha, las personas no videntes son las que han logrado mayor oportunidad en los procesos electorales.

En un informe del Comisionado de los Derechos Humanos, el año pasado se comparó que si lográramos reunir a todas las personas con discapacidad en un solo punto geográfico del país, podríamos completar la población total de los departamentos de Valle, La Paz, Gracias a Dios, Ocotepeque e Islas de la Bahía y aún quedaríamos con un remanente de unas 75 mil personas.

Demandas

Armando Sánchez, director de la Federación Nacional de Organismos de Personas con Discapacidad de Honduras (Fenopdih), expresó que aún no se logran obtener los espacios que merecen, pues no se ha logrado ni conocer un censo real de las personas con discapacidad.

"La inexistencia de un censo no permite saber dónde votan la mayoría de nuestra gente. Obviamente esto desde ya nos limita", dijo Sánchez.

Y es que en Honduras los estudios estadísticos en materia de discapacidad son escasos, están desactualizados y son poco precisos; por ello, el trabajo en políticas o programas relacionados con este sector de la población se basa en datos estimados y, en ocasiones, bastante alejados de la realidad.

Otra de las limitantes que de acuerdo al director de Fenopdih afecta al momento de elegir a los candidatos con discapacidad es que la mayoría de personas con capacidades especiales no acuden a votar.

En cuanto a las necesidades que enfrentan, según Sánchez, las personas con discapacidad no requieren de respuestas distintas a las de la población.

"Lo que necesitamos es empleo, vivienda, mejores condiciones de salud, una educación inclusiva, y acceso al entorno físico y a la información", manifestó el entrevistado.

Para Karola López, miembro del Movimiento de Vida Independiente de Honduras (Movih), la experiencia de las personas con discapacidad al llegar a un puesto del gobierno ha sido de beneficio ya que han comenzado a marcar la apertura de los espacios, pero aún falta más representación que constituya un bloque fuerte.

"Para mi criterio este es el único beneficio, ya que a pesar de que estas personas están ocupando cargos mayores, han sido marginadas o ignoradas para que ellos puedan contribuir más con el sector", expresó López.

Estadísticas

En 2002 se estimó que el 53% de las personas con discapacidad no había alcanzado ningún nivel educativo, y que apenas el 7 % contaba con la secundaria.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 67% de las personas con discapacidad está económicamente inactivas, es decir, han sido excluidas del campo laboral. En la última encuesta del INE, además se registró que el 50% de las personas con discapacidad era menor a 40 años.

Además se estima que solo el 14 por ciento de las personas con discapacidad son atendidas de manera integral, lo que implica que hay, al menos, 600,000 personas con retos especiales que no cuentan con ningún respaldo institucional.

Presupuesto

Las diferentes instituciones que trabajan en favor de las personas con discapacidad en su mayoría se sostienen con ayudas internacionales y es que el apoyo estatal es mínimo.

En 2002, las autoridades gubernamentales aprobaron una partida presupuestaria mediante un decreto ejecutivo, para ser compartido entre todas las organizaciones legalmente constituidas en el país.

Para 2008 esta partida presupuestaria ascendió a penas a 14 millones de lempiras, transferidos a través de la Secretaría de Gobernación. Según Dora Castellanos, directora del hogar Bencaleth, en la actualidad es necesario que los políticos tomen en consideración al sector con discapacidad, abriendo nuevas oportunidades de trabajo y ampliando los presupuestos para poder desarrollar programas y proyectos en vías a mejorar la calidad de vida de las personas con capacidades especiales.

Convenio

Este año se está impulsando desde el TSE un proyecto piloto que apunta a proporcionar algunas condiciones de accesibilidad en más de 100 centros de votación. Esto se hará mediante la ubicación de rampas móviles, asignación de edecanes (personas voluntarias) y autorización para que quienes por su discapacidad no puedan marcar directamente en la papeleta, se hagan acompañar por una persona de su confianza, con el fin de evitar que el elector con discapacidad tenga que expresar públicamente su voto.

Leyes nacionales que no son aplicadas

A nivel de Centroamérica se contabilizaron entre 4.4 y 5.8 millones de personas con discapacidad, de estos apenas el 2% tiene acceso a los programas y servicios de atención.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que unos 400 millones de personas con capacidades especiales residen en los países en vías de desarrollo como Honduras.

En el país se cuenta con diversas leyes y en favor de las personas con capacidades especiales, las que en su mayoría no se cumplen.

El Estado sostendrá y fomentará la educación de los minusválidos (Artículo 169 de la Constitución de la República), también tendrán derecho a la asistencia, rehabilitación, y recuperación de la salud personal (Artículo 12 del Código de Salud).

Es deber del Estado promover, desarrollar y coordinar programas de prevención, tratamiento y rehabilitación para niños discapacitados señala el Artículo 109 del Código de la Niñez y la Adolescencia.