Elecciones y reconocimiento internacional

l viernes recién pasado se efectuó, en un hotel de Tegucigalpa, el sorteo de posiciones en la papeleta electoral. Los allí presentes reportan que lo sucedido durante el sorteo puede ser un avance de lo que se verá en nuestro próximo proceso electoral: a pesar de realizarse en un sitio resguardado cercano y visiblemente por la Policía y el Ejército, a pesar de los gritos de algunos que quisieron deslucir el evento, lo que se vivió fue una alegre fiesta cívica. Eso es lo que podemos prever para noviembre: preocupaciones de seguridad, el desacuerdo vociferado por algunos, pero una mayoría con renovada determinación de expresar su voluntad para escoger su futuro gobierno.

Incomprensiblemente, al mismo tiempo surgió también, con más fuerza, la preocupación por la amenaza de ciertos actores internacionales de desconocer el resultado de elecciones que han sido convocadas por el gobierno "de facto". Esto es posiblemente lo más ridículo que he escuchado durante este trágico episodio que vivimos los hondureños. He aquí porqué:

En primer lugar, las elecciones fueron convocadas el 29 de mayo de 2009, un mes y un día antes de la remoción de Zelaya, y siguiendo estrictamente el calendario dictado por la Constitución y la Ley Electoral. Por lo tanto, no se sustenta la afirmación de que son elecciones convocadas por el gobierno "de facto".

En segundo lugar, las elecciones no son convocadas, ni gestionadas, ni supervisadas por el gobierno de turno, sino por el Tribunal Supremo Electoral. Dicho tribunal fue instalado en legal y debida forma antes de la salida de Zelaya, y continúa funcionando de la misma manera hoy. No hay nada "de facto" en el proceso electoral de los hondureños: la ley es la misma, el Tribunal es el mismo, los candidatos son los mismos, las fechas son las mismas que antes de salir Zelaya.

En tercer lugar, los profetas del fracaso electoral plantean un problema sin solución posible, que nos conduce a un absurdo legal. Supongamos que llega el mes de febrero de 2010, con un nuevo gobierno electo en las urnas pero sin reconocimiento internacional. El período de Zelaya habrá terminado, por lo cual, de retornar al poder constituiría, por definición, un gobierno de facto. Por lo tanto, siguiendo el mismo razonamiento, Zelaya tampoco podría llamar a elecciones sin que el presidente electo fuese también considerado ilegítimo. Nadie más podría tampoco efectuar el milagro de devolvernos a la legalidad. Seguiría Honduras, por los siglos de los siglos, condenada a vivir bajo gobiernos "de facto" electos en las urnas. Ridículo.

Lo que es más: con ese razonamiento Insulza descalifica automáticamente al gobierno de Zelaya, y a casi todos los gobiernos de OEA. En efecto casi ningún país se salva de haber sufrido un golpe de Estado alguna vez en su historia (incluida Honduras previo a Zelaya), sin que se haya restituido al gobernante anterior antes de llamar nuevamente a elecciones. Todos ellos, según el razonamiento del secretario, son ilegítimos.

Pero lo más ridículo del tema es la premisa subyacente en el razonamiento de los que lanzan la amenaza. Según ellos, si no se restituye a Zelaya, la elección será ilegítima. O sea que la legitimidad del gobernante electo no la da el voto, libremente emitido y correctamente contado, sino el gobierno instalado en el país cuando se lleva a cabo la elección. ¿Brillante, no? Esta sí es una verdadera innovación "democrática" de Insulza y de quienes le creen. Ya no es mi voto el que cuenta, sino lo que piensa la OEA del gobierno de turno. Creo que tendremos que enviarlos a todos de regreso a la escuela, a aprender los conceptos básicos de democracia y evitar así que hagan declaraciones tan descabelladas.

No señores, los hondureños no tenemos que preocuparnos por el reconocimiento internacional de un gobierno libremente electo en las urnas. Y eso es bueno, porque tenemos miles de preocupaciones legítimas, que deben ocupar nuestras energías.