Buen ejemplo, mal síntoma

Lo ocurrido el martes 2 de junio en Victoria, Yoro, y las medidas adoptadas posteriormente por su gobierno municipal, es un muy buen ejemplo de la colaboración ciudadana con la Policía y de autoridades diligentes en la toma de decisiones; pero también evidencia el avance de la criminalidad en el país y el riesgo latente de que la población en general empiece a hacerse “justicia” por su propia mano.

Según el relato de los hechos, en la mañana del mencionado día, una decena de malhechores a bordo de un vehículo llegó a asaltar un negocio de la localidad.

Un niño avisó a los únicos dos policías que se encontraban en la posta, quienes, pese a la desventaja numérica llegaron apresuradamente a la escena y fueron atacados a tiros por los dos delincuentes que esperaban a sus compinches en el vehículo, y quienes finalmente lograron escapar.

Los otros ocho delincuentes, al darse cuenta de la presencia policial, tomaron como rehenes al dueño del negocio, los miembros de su familia y algunos clientes que se encontraban al momento del atraco.

Cuando los asaltantes intentaban llegar hasta donde estaba estacionado el vehículo del dueño, continuó el intercambio de disparos con los dos policías, que de pronto se vieron fortalecidos por decenas de pobladores armados, lo que atemorizó a los delincuentes que optaron por liberar a sus rehenes y tratar de escapar.

Uno de los delincuentes resultó herido y fue rematado por un poblador, otros cinco huyeron, pero finalmente perdieron la vida a manos de pueblerinos y aldeanos.

Incluso dos que fueron capturados lograron salvar sus vidas gracias a la firmeza de los policías que pese a su agradecimiento por el apoyo recibido de la población, y cumpliendo con su deber, se negaron a entregarlos a la enfurecida muchedumbre que quería lincharlos.

Las ejecuciones extrajudiciales, los linchamientos de presuntos delincuentes y cualquier otra forma de “justicia” de este tipo, no es más que un síntoma más del agravamiento de la inseguridad y la percepción generalizada de que las autoridades encargadas de la lucha contra la criminalidad no están cumpliendo a cabalidad con sus funciones.

La Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público y el Poder Judicial deben intensificar la lucha contra la delincuencia a fin de disminuir los altos índices de inseguridad y evitar que se abandone la legalidad y la gente se haga “justicia” por su propia mano.