Honduras
.“En el análisis de la situación general de los derechos humanos en la Honduras de 2008 hay hitos negativos, pero también, aunque menos, hitos positivos”, establece el informe anual presentado por el comisionado Ramón Custodio López.
El informe resalta que los derechos más violados se encuentran: el derecho a la integridad personal, malos tratos físicos y psicológicos, derecho a la vida, derecho al debido proceso, delitos y faltas de la administración pública, derechos económicos sociales y culturales, igual que el ejercicio indebido del servicio público.
El análisis enfatiza que todo se debe a la falta de políticas públicas propias de un Estado, es decir, un proyecto de nación que ayude a contrarrestar la violación a los derechos de las personas, que brinde seguridad pública.
Se entiende por seguridad pública el conjunto de garantías que el Estado debe otorgar a todos y cada uno de sus habitantes, sin discriminación alguna, para que no sufran daño en contra suya ni corran ningún peligro que atente contra su vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal o de su propiedad.
En esta materia de seguridad pública, cabe destacar que el artículo 61 de la Constitución de la República “garantiza a los hondureños y extranjeros residentes en el país el derecho a la inviolabilidad de la vida, a la seguridad individual, a la libertad, a la igualdad ante la ley y a la propiedad”.
Error
El documento presentado a la sociedad por Custodio López da a conocer que, con el crecimiento de la población y de la delincuencia, la falta de una política criminal del Estado hizo que los gobiernos cayeran en la trampa de la improvisación y persistieron en el error de creer que la solución era el simple aumento de los policías; de modo que de 7,500 policías en 2005, se aumentó su número a 10,534 en 2006 y a 13,000 en 2007, con el mismo o peor crecimiento del nivel de inseguridad.
Para 2008, con una población estimada en 7.7 millones de habitantes, Honduras contó con casi catorce mil policías, o sea el doble de los que tenía apenas tres años atrás.
El presupuesto anual de la Secretaría de Seguridad subió de 215 millones de lempiras en 2005 a 1,501 millones de lempiras, hasta los 1,700 millones anuales, en apenas tres años, lo cual permite la fácil conclusión de que ni el aumento del número de los policías ni del gasto casi -ocho veces mayor- han sido la solución, porque la exposición a la delincuencia ha desbordado la capacidad preventiva, por lo que la población se siente más insegura que nunca, especialmente en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca, ciudades que gozan del mayor despliegue policial.
Violencia
En Honduras, los hechos violentos en contra de la vida han alcanzado niveles alarmantes. Se estima que entre 2005 y 2008 murieron en forma violenta 21,999 personas, de las cuales 13,170 fueron víctimas de homicidios, 3,038 perecieron en forma accidental, 3,400 por accidentes de tránsito, 1,014 por suicidio y 1,377 en forma indeterminada.
El Comisionado de Derechos Humanos puso en marcha un plan de quejas que ayudarían a resolver los casos de violación de los derechos humanos.
En el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008 se recibió un total de 9,535 quejas, de las cuales 4,881 fueron contra la autoridad, siendo la Policía Nacional Preventiva, la Dirección Nacional de Investigación Criminal, Secretaría de Salud, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, autoridades de Centros Penales, Inspectoría del Trabajo, hospitales y alcaldías municipales, las más denunciadas.
Además, se da a conocer que se registraron 755 denuncias de violaciones contra la mujer cometidas por particulares, predominando la violencia física, psicológica y económica.
Menores de edad
El Comisionado de Derechos Humanos también recibió 1,278 denuncias o casos de violaciones en contra de la niñez, cometidas por particulares, siendo el maltrato por omisión y maltrato por transgresión los más destacados.
En el año 2007 se recibieron 9,483 denuncias y en 2008 se recibieron 9,535, es decir 52 casos más.
Custodio López anunció que recibió la aceptación de la abogada Yoleth Emelina Calderón Umanzor para ser primer comisionado adjunta, igual que del abogado Nery Velásquez para ser el segundo comisionado adjunto de Derechos Humanos en Honduras.
