CN inicia proceso legal para anular concesión

El polémico contrato Soptravi-Enasa, que permite la concesión a un consorcio italo-hondureño de la central hidroeléctrica de Nacaome, va camino a su anulación.

El Congreso Nacional está dispuesto a derogar el decreto que dio vida al contrato de concesión y, para tal efecto, ayer fue presentada una iniciativa de ley que fue turnada a una comisión de dictamen.

EL HERALDO denunció sobre las implicaciones negativas de esta contratación, causando la alerta en el Congreso Nacional, en donde la diputada por Valle, Ana Julia García, pidió que se nombrara una comisión para investigar, lo que ha permitido arribar a muchas conclusiones.

Las razones de algunos parlamentarios que estarían apoyando la iniciativa de derogar la concesión son que además de ser lesivo a los intereses económicos del Estado, el citado contrato, aparentemente, fue suscrito sin cumplir los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado, por encima de las opiniones de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), de la Superintendencia de Concesiones, del Instituto de Desarrollo Forestal y de la misma Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Estos extremos son actualmente investigados por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), una comisión del Congreso Nacional y la Fiscalía contra la Corrupción.

El procedimiento

El destino final de este polémico contrato sería su anulación, después que ayer, en la sesión del Congreso Nacional, se conoció un proyecto de ley que deroga el decreto 293-2009 contentivo de la aprobación por parte de los diputados del denominado "Contrato de concesión para el mejoramiento, operación y explotación de la central hidroeléctrica en la represa José Cecilio del Valle", más conocida como represa de Nacaome.

Una comisión compuesta por diputados de las cinco bancadas se encargará de realizar el trabajo legislativo para dictaminar a favor o en contra del proyecto, el que fue presentado por el ex presidente del CN y jefe de la bancada liberal, José Alfredo Saavedra, parlamentario que fungía como presidente del Legislativo cuando fue aprobado el contrato de concesión, en la legislatura pasada.

"Clonación"

El citado decreto (293-2009) fue aprobado el 13 de enero de 2010 y publicado irregularmente en el diario oficial La Gaceta el 22 del mismo mes, mediante una versión "clonada" del periódico oficial.

En la versión que se ha considerado como "correcta" no aparece publicada la concesión. La primera edición aparece con 32 páginas y la otra con 16.

El concesionamiento por 25 años de la central hidroeléctrica a la empresa italo-hondureña Eléctrica de Nacaome, S. A. (Enasa) ha provocado la distensión en la población de la zona sur y desatado en el país un conflicto de intereses que ha impactado sobre el Congreso Nacional.

Tras la aprobación por el CN del citado contrato de concesión, se desató una polémica que puso al descubierto muchos intereses particulares o de grupos, de orden político, comunitario, administrativo y empresarial, muchos de ellos compatibles, circunstancia que ha generado confusión no solo en las actuaciones del Congreso, sino también desconfianza administrativa e inseguridad jurídica.

Exposición de motivos

El proyectista, José Alfredo Saavedra, en su argumentación aclara que la eventual aprobación de su iniciativa no debe limitar las investigaciones de los órganos administrativos, reguladores, contralores y de justicia del Estado "para determinar la existencia o no de irregularidades y actuar de conformidad a ello".

El diputado pide, asimismo, que antes de emitir dictamen, la comisión que sea nombrada al efecto conozca de las resoluciones tanto del Tribunal Superior de Cuentas, como del Ministerio Público para proceder conforme las leyes de la República.

De acuerdo con las normas parlamentarias, el proyecto de decreto fue turnado a una comisión dictaminadora, la que estudiará los pormenores del caso.

Habrá que valerse de las opiniones que emitan al respecto el TSC y el Ministerio Público, cuyos trabajos de investigación se encuentran adelantados.

Si estos organismos encuentran indicios de irregularidades, la comisión emitirá un dictamen recomendado al pleno derogar el decreto por el cual el Congreso aprobó en cada una de sus partes el Contrato de Concesión.

Una vez derogado el decreto, sancionado por el Poder Ejecutivo y publicado en el diario La Gaceta, el siguiente paso es trasladarlo al Poder Ejecutivo que deberá seguir los requisitos de ley para anular dicho contrato.

El diputado German Leitzelar explicó que el Poder Ejecutivo, basado en la Ley de Administración Pública y en lo que corresponde a la Ley de Procedimiento Administrativo, procederá a la nulidad del contrato ya que si no se hace dentro del marco legal, la empresa concesionaria puede proceder judicialmente contra el Estado de Honduras ante los tribunales de justicia internacional.

En consecuencia, Leitzelar ilustró que tanto el Congreso como los demás organismos del Estado deben seguir los procedimientos correspondientes antes de anular un contrato que ha sido suscrito por el Estado y la empresa en referencia.

Requerimientos fiscales

Leitzelar ahondó que tanto el informe del Congreso, el del TSC y del Ministerio Público permitirán sustentar los dictámenes para la resolución de nulidad y también servirán para que la Fiscalía interponga requerimientos contra los responsables de acciones que puedan tipificarse como delitos de corrupción, abuso de autoridad o de otra naturaleza.

Las cinco bancadas del CN apoyan lo que resulte del citado proyecto de decreto, se dijo.