La constituyente divide a Zelaya y a su resistencia

Las discrepancias entre los intereses del ex presidente Manuel Zelaya y los miembros de su resistencia son, por el momento, el principal obstáculo para que Honduras logre una salida a la crisis política que estalló el pasado 28 de junio.

Tras su retorno al país el lunes 21 de septiembre, Zelaya garantizó que su objetivo era firmar el Acuerdo de San José.

Sin embargo, el acuerdo, en su punto 3, sepulta toda posibilidad de realizar una Asamblea Nacional Constituyente y garantiza al país que los poderes del estado no serán disueltos, como se pretendía inicialmente.

El punto 4 del Acuerdo de San José reafirma que de conformidad con los artículos 44 y 51 de la Constitución, el voto es universal, obligatorio, igualitario, directo, libre y secreto, y corresponde al Tribunal Supremo Electoral, con plena autonomía e independencia, supervisar y ejecutar todo lo relacionado con los actos y procesos electorales.

En ese sentido, con su disposición a firmar el Acuerdo de San José, Zelaya renuncia a la pretensión de instalar una constituyente y se ve obligado a garantizar la realización del proceso electoral sin injerencias que atenten contra la independencia y autonomía del TSE.

Estas dos determinaciones de Zelaya son las que no coinciden con los intereses de la resistencia zelayista, quienes ven como fin último de su lucha la instauración de un poder constituyente capaz de cambiar el sistema de gobierno en Honduras.

En el comunicado 23 del denominado Frente Nacional de Resistencia Popular, elaborado el domingo 6 de septiembre, los delegados acuerdan y plasman en el punto 3: "ejecutar un desconocimiento activo de la farsa electoral convocada por los golpistas".

En el punto 4 exigen "la restitución inmediata del presidente Zelaya". En el punto 5 advierten que, una vez restituido el orden constitucional, hay que "luchar por una asamblea constituyente democrática y popular con participación de los diferentes sectores sociales".

Tales determinaciones, tomadas el domingo 6 de septiembre, contravienen lo dispuesto en el Acuerdo de San José que Manuel Zelaya dice estar dispuesto afirmar. En consonancia con los intereses de la resistencia zelayista, trascendió que hubo serias discrepancias luego de que Zelaya aceptara reunirse con los candidatos presidenciales, entre ellos el nacionalista Porfirio Lobo Sosa, el liberal Elvin Santos, el democristiano Felícito Ávila y el pinuista Bernard Martínez.

Todos ellos han sido calificados por la resistencia zelayista como partícipes directos o indirectos de los acontecimientos del 28 de junio.

Y ante la inconformidad de un sector afín a Zelaya, trascendió que sendos pactos políticos estarían fraguándose bajo la mesa, incluso con la posibilidad de que un nuevo gobierno acepte una consulta popular para convocar a una constituyente.

Aparentemente, esta posibilidad pudo haber sido abordada por algún aspirante presidencial durante la reunión con Zelaya Rosales en la embajada de Brasil.

A su salida de la sede diplomática, convertida en cuartel zelayista, algunos candidatos expresaron la necesidad de consultar al pueblo para hacer cambios en la Carta Magna.

"El pueblo tiene derecho a que se le consulte", dijo el nacionalista Lobo Sosa, mientras que el liberal Santos declaró que no rechaza la idea de la consulta siempre que se haga en base a ley. En términos parecidos se pronunciaron el democristiano Felícito Ávila y el pinuista Bernard Martínez.

No hay asidero legal

Un posible pacto político sería una aberración jurídica y constitucional más, ya que la carta magna vigente prohíbe la instalación de una asamblea nacional constituyente y tipifica como delito la pretensión de modificar sus artículos pétreos, delito por el cual ahora se persigue a Manuel Zelaya y a varios de sus colaboradores.

El analista político Raúl Pineda Alvarado es de la opinión que los candidatos presidenciales deben tener mucho cuidado ahora que han entrado en el ambiente negociador.

"Los políticos deben comprometerse con el país. Deben ser transparentes en sus posiciones y olvidarse de la subcultura de la trampa. Este es un momento para que los políticos, que juegan en el modelo democrático, procuren grandes consensos para provecho del país", expresó.

"Necesitamos políticos motivados por un elevado patriotismo. En este momento Honduras ocupa consensos", añadió Pineda.

Ese es el espíritu que el mediador Óscar Arias, presidente de Costa Rica, pretende mantener cuando incluye en el acuerdo la prohibición de una constituyente, por ser precisamente ilegal.

"Para lograr la reconciliación y fortalecer la democracia, reiteramos nuestro respeto a la Constitución y las leyes de nuestro país, absteniéndonos de hacer llamamientos a la convocatoria a una asamblea nacional constituyente, de modo directo o indirecto, y renunciando también a promover o apoyar cualquier consulta popular con el fin de reformar la Constitución para permitir la reelección presidencial, modificar la forma de gobierno o contravenir cualquiera de los artículos irreformables de nuestra carta fundamental", dice el punto 3 del acuerdo.

Pineda Alvarado, ex diputado, tiene claro su pensamiento respecto a la posibilidad de una constituyente en Honduras.

"La constituyente no tiene ningún asidero jurídico actualmente. Cualquier intento de montar una carece de fundamentación legal". Recordó que en el orden político las constituyentes se dan producto de grandes consensos.

Las divergencias en torno a los intereses de Zelaya y sus seguidores se profundizan en el justo momento en que la comunidad internacional ha moderado su lenguaje en torno a la crisis que vive Honduras. La Unión Europea quiere a todos los embajadores en el país, la OEA ahora no logra consenso sobre la posibilidad de desconocer las elecciones, Estados Unidos y México han expresado que no defienden individuos sino el sistema democrático.

Además, trascendió que la noche del martes supuestamente se realizó un encuentro en la base de Palmerola entre las máximas autoridades del país y altos personeros de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En ese escenario, la comunidad internacional aparentemente presiona por la restitución de Zelaya, la cual podría ser simbólica; la resistencia zelayista, por una constituyente con poderes para cambiar la forma de gobierno; y el gobierno actual, por las garantías que permitan a Honduras seguir viviendo en paz y democracia.

* Falta de seriedad: Zelaya en un principio aceptó el Acuerdo de San José, después lo rechazó y ahora está dispuesto a retomarlo. No se le ha visto una posición fija respecto al tema.

PLAN SAN JOSE

Unidad. Ordena a Zelaya organizar un gobierno de unidad nacional, una vez restituido en el poder, integrado por representantes de los partidos políticos.

Amnistía. Pide al Congreso Nacional una amnistía para lograr la reconciliación de la familia hondureña. La amnistía es exclusivamente para los delitos políticos cometidos con ocasión del conflicto.

Restitución. Ordena la restitución del presidente Zelaya como primer paso para lograr la reconciliación nacional.

Comisión de verificación. Se pide la creación de una comisión de verificación para esclarecer los hechos ocurridos antes y después del 28 de junio.

Comisión de la verdad. Crea una comisión de la verdad con el propósito de identificar los actos que condujeron a la crisis.