El camino a seguir para Honduras

Uno de los aliados latinoamericanos más leales a Estados Unidos -Honduras- está inmerso en una crisis constitucional que amenaza su democracia. Por desgracia, los líderes americanos han ignorado a menudo incuestionables hechos claves en esta crisis, al menos en los primeros días de la misma.

En los últimos días, la retórica de los aliados del ex presidente Manuel Zelaya también ha predominado en los medios de comunicación de Estados Unidos. La peor distorsión es la repetición de la falsa aseveración de que el señor Zelaya fue destituido de su cargo por el Ejército y por ser un "reformador". Lo cierto es que fue destituido por un gobierno civil democráticamente elegido porque las independientes ramas judicial y legislativa de nuestro gobierno dictaminaron que había infringido nuestras leyes y Constitución.

Revisemos algunos hechos fundamentales que no pueden discutirse:

• El Tribunal Supremo, por 15 votos a 0, dictaminó que el señor Zelaya actuó ilegalmente al seguir adelante con un "referéndum" inconstitucional y ordenó a las Fuerzas Armadas que le arrestaran. El ejército ejecutó la orden de arresto del Tribunal Supremo porque era el organismo adecuado para hacerlo, de acuerdo con la ley hondureña.

• Ocho de los 15 votos del Tribunal Supremo fueron emitidos por miembros del propio Partido Liberal del señor Zelaya. Es extraño que aquellos que hacen propaganda a favor de Zelaya y hablan de los principios de derecho olviden mencionar la decisión unánime del Tribunal Supremo con mayoría del propio partido del señor Zelaya. Así, el arresto del señor Zelaya se hizo por orden de las autoridades constitucionales y civiles hondureñas, no del ejército.

• El Congreso de Honduras votó abrumadoramente a favor de la destitución del señor Zelaya. El voto incluía a una mayoría de miembros del Partido Liberal del señor Zelaya.

• El gobierno independiente y los líderes religiosos e instituciones -incluido el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Administrativo, el independiente defensor de derechos humanos del pueblo, cuatro de los cinco partidos políticos, los dos principales candidatos presidenciales de los partidos Liberal y Nacional y el cardenal católico de Honduras- estaban de acuerdo en que el señor Zelaya había actuado ilegalmente.

• La constitución establece expresamente en el artículo 239 que todo presidente que intente enmendar la constitución y ampliar su mandato queda automáticamente inhabilitado y ya no es presidente. No hay una provisión expresa de proceso de impugnación en la constitución de Honduras. Pero la decisión unánime del Tribunal Supremo declaró que el señor Zelaya estaba intentando ampliar su mandato con su referéndum ilegal. Así, en el momento de su arresto ya no era -legalmente, en lo concerniente al Tribunal Supremo- presidente de Honduras.

• Días antes de su arresto, el señor Zelaya ordenó a su jefe de personal retirar ilegalmente millones de dólares en efectivo del Banco Central de Honduras.

• Un día antes de su arresto, el señor Zelaya encabezó una movilización violenta que invadió una base de la Fuerza Aérea con el fin de coger las papeletas del referéndum que habían sido enviadas a Honduras por el gobierno del venezolano Hugo Chávez.

• Yo sustituí al señor Zelaya siguiendo el orden de sucesión constitucional hondureño (nuestro vicepresidente había dimitido antes de que todo esto comenzara para poder así presentarse como candidato a la presidencia). Este es y siempre ha sido un gobierno completamente civil. El ejército recibió de un Tribunal Supremo totalmente civil la orden de arrestar al señor Zelaya. Su destitución fue ordenada por un Congreso electo y completamente civil. Insinuar que el señor Zelaya fue destituido por un golpe militar es manifiestamente falso.

Respecto a la decisión de expulsar al señor Zelaya del país la tarde del 28 de junio, sin un juicio previo, las personas razonables pueden creer que la situación podría haberse gestionado de manera distinta. Pero también hay que entender la decisión en el contexto de un temor cierto por la probada disposición del señor Zelaya a infringir la ley y participar en actos de violencia callejera.

El camino a seguir pasa por trabajar con el presidente de Costa Rica, Óscar Arias. Él propone modos de garantizar que el señor Zelaya cumpla las leyes y la constitución de Honduras y permita a las gentes de Honduras elegir a un nuevo presidente en los comicios previstos para el 29 de noviembre (o quizá antes, si la fecha se cambia como sugiere el presidente Arias y como permite la legislación hondureña).

Si todas las partes llegan al acuerdo de permitir al señor Zelaya volver a Honduras -y subrayemos ese "si"-, creemos que no se podrá confiar en que cumpla la ley, por lo que consideramos que debe ser juzgado con todas las garantías procesales.

Podría considerarse la propuesta del presidente Arias de una moratoria en las acciones judiciales de las partes, pero nuestro Tribunal Supremo ha indicado que tal propuesta presenta importantes problemas legales en nuestra Constitución.

Igual que Estados Unidos, nuestra democracia constitucional tiene tres ramas independientes de gobierno, hecho que el señor Zelaya ignoró cuando desafió abiertamente las posturas del Tribunal Supremo y el Congreso. Pero estamos dispuestos a seguir con las negociaciones cuando el Tribunal Supremo, el fiscal general y el Congreso analicen la propuesta del presidente Arias. Dicha propuesta les ha sido remitida para que puedan revisar las provisiones que afecten a su autoridad legal. Cuando conozcamos sus posturas legales, tomaremos una decisión en base a ellas.

El pueblo de Honduras debe confiar en que su Congreso es una rama del gobierno igualmente importante. Deben tener la seguridad de que el imperio de la ley en Honduras se aplica a todo el mundo, incluso a su presidente, y que las órdenes de su Tribunal Supremo no serán desestimadas y desechadas como obstáculos inconvenientes por otros países.

Los demás elementos de la propuesta de Arias, especialmente el establecimiento de una Comisión de la Verdad que averigüe los hechos y la puesta en marcha de mecanismos internacionales para garantizar que el señor Zelaya cumple lo acordado, merecen una consideración seria.

El irresponsable intento del señor Zelaya el viernes por la tarde de cruzar la frontera de Honduras, antes de que el presidente Arias tenga el acuerdo de todas las partes -intento que la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, calificó apropiadamente de "imprudente"-, fue un ejemplo más de que no se puede confiar en que el señor Zelaya cumpla su palabra.

Independientemente de lo que ocurra, lo peor que Estados Unidos puede hacer es imponer sanciones económicas que dañarían principalmente a las gentes más pobres de Honduras. En lugar de imponer sanciones, Estados Unidos debería seguir con las sabias políticas de la señora Clinton. Ella apoya los intentos de mediación del presidente Arias. El objetivo es llegar a una solución pacífica coherente con la ley hondureña en una sociedad civil en la que ni siquiera el presidente está por encima de la ley.