Solo el diálogo puede adelantar las elecciones

Una modificación en la fecha de las elecciones generales, programadas para el 29 de noviembre de este año, solo será posible si resulta de un acuerdo nacional en el que participen todos los sectores.

Miembros de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional expresaron que ese poder del Estado por sí solo no es capaz de hacer un cambio de fecha, tiene que haber un debate que se base en las ventajas y desventajas que signifique una decisión de tal naturaleza.

Orle Solís, diputado de la Democracia Cristiana, abogó por un consenso previo antes de que el Congreso Nacional inicie una eventual discusión que conduzca a un adelanto de los comicios generales.

La modificación es posible jurídicamente porque el día en que se deben realizar las elecciones generales solo está contemplado en la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, un cuerpo jurídico secundario que puede reformarse en la presente legislatura.

El artículo 159 de la referida ley establece que “las elecciones generales se llevarán a cabo el último domingo del mes de noviembre del año anterior a aquel en que finaliza el período constitucional”.

Si esta disposición estuviera contemplada en la Constitución de la República no sería posible una reforma porque necesariamente tendría que ser aprobada en esta legislatura y ratificada en la subsiguiente, ya cuando esté en pleno ejercicio un nuevo gobierno.

La Constitución solo regula el período presidencial en su artículo 237 que puntualiza: “El período presidencial será de (4) cuatro años y empezará el veintisiete de enero siguiente a la fecha en que se realizó la elección”.

El adelanto de las elecciones es bien visto por algunos sectores que creen que de esta manera se bajarían internamente las tensiones políticas y externamente la comunidad internacional ya no nos miraría con esos ojos de presión que nos ha puesto tras el derrocamiento del gobierno de Zelaya, el 28 de junio.

Sin embargo, el adelanto de las elecciones conlleva un interés político, especialmente entre los candidatos presidenciales más fuertes: Porfirio Lobo Sosa, del opositor Partido Nacional, y Elvin Santos, del gobernante Partido Liberal.

En el nacionalismo no hay una oposición abierta a este cambio porque creen que este partido, o en todo caso su candidato, sería el principal beneficiado porque el liberalismo, una parte, está resentido por lo ocurrido el 28 de junio y, consecuentemente, dividido.

Si el adelanto de las elecciones viene y “si así conviene a Honduras hay que hacer lo que sea”, afirmó Lobo Sosa, quien agregó: Todo “dependerá de los acuerdos a que se llegue y nos subordinamos al interés nacional”.

Santos, por su parte, no acepta un adelanto de la consulta cívica. “Es urgente que se adelante la campaña, no las elecciones. No ha habido suficiente tiempo para que los candidatos presenten sus propuestas, que es lo más importante”, dijo.

El presidente del Partido Demócrata Cristiano de Honduras, PCDH, Lucas Aguilera, pidió a quienes promueven un adelanto de las elecciones no desesperarse. No salir corriendo a tomar decisiones mientras no haya un panorama más claro de la situación que vivimos.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) no tiene un consenso entre sus magistrados. “Estamos haciendo los análisis correspondientes del costo-beneficio”, dijo su presidente, Saúl Escobar Andrade, dando a entender que el tema ya ha sido abordado por el ente colegiado.

El único escenario jurídico que hay por ahora, según el también magistrado Enrique Ortez Sequeira, es que el pueblo hondureño está convocado para asistir a las urnas el 29 de noviembre.

El otro magistrado, David Matamoros, no ha apoyado la idea del cambio pero tampoco la ha rechazado.

De todas formas, este tema está estrechamente vinculado al proceso de diálogo que hoy, en Costa Rica, con la mediación del presidente Óscar Arias, iniciarán el presidente depuesto, Manuel Zelaya con su sucesor en Casa de Gobierno, Roberto Micheletti.