Los “derechos humanos” en Estados corruptos es una práctica bárbara. La democracia no puede ser una mera formalidad, más bien, debe ser un espacio donde los ciudadanos sean los actores activos en la búsqueda de la emancipación y la justicia. Las democracias con estos hábitos con el tiempo se vuelven restringidas, elitistas y vacías.
El último informe de derechos humanos en Honduras, publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, pone al descubierto los desafíos del actual gobierno al respecto, al abordar los atropellos humanitarios a cargo de los cuerpos del Estado responsables de garantizar la vida y seguridad de las personas que van desde ejecuciones extrajudiciales, situación carcelaria, detenciones arbitrarias, desplazamiento forzado, hasta alertas sobre la libertad de expresión.
Las denuncias de agravios, tratos inhumanos y degradantes por parte de las fuerzas de seguridad han captado particularmente la atención de la nación estadounidense. Según los datos, el comisionado de los Derechos Humanos reportó 66 casos de presunta tortura cometidos por las fuerzas de seguridad, mientras que el Ministerio Público informó sobre cinco casos y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (Conaprev) recibió 45 denuncias por el uso de tratos crueles e inhumanos.
Honduras, que se encuentra bajo estado de excepción, evidenció un aumento en la violencia de género, así como preocupaciones crecientes de detenciones ilegales y uso excesivo de la fuerza. Esta información de derechos humanos del Departamento de Estado es la versión número 48 del mismo que se emite cada año con misiones estadounidenses en el extranjero y en Washington que examinan, rastrean y documentan el Estado de derecho en casi 200 países del mundo.
Así que este informe sobre derechos humanos, no es algo antojadizo contra el “socialismo democrático”, donde se revelan las injusticias por el estado de excepción, así como la grave corrupción gubernamental y los abusos en el marco de esa “seguridad nacional”, en libertad de expresión, corruptela, la debilidad en el Poder Judicial y la persecución a los activistas comunitarios de la diversidad sexual, detenciones arbitrarias y todo lo que conlleva ese delito en las oscuras celdas.
La corrupción en la administración del Estado también fue analizada en señalar que la ley preveía acciones penales por corrupción de los funcionarios, pero las autoridades no la implementaron de manera efectiva y genera que los burócratas continuarán con las mismas costumbres y con impunidad, que más bien se amplió por la falta de recursos de investigación y las demoras judiciales, con una estructura jurídica ineficaz y sujeto a intimidación, politización, así como el clientelismo.
Además, desnuda a altos mandos del gobierno que amenazan constantemente a la sociedad civil y a miembros de la comunidad internacional por comentarios presididos como críticas hacia el gobierno, las que tuvieron un efecto paralizador sobre la libertad de expresión. Intimidaciones puntuales y feroces a periodistas y representantes de derechos humanos y sociedad civil, que se autocensuraran por temor a recibir acoso y represalias.
Ante el oscuro panorama, esta administración a través de su cancillería y demás organismos que funcionan solo para responder críticas, no le prestó interés y más bien lo descalificó. Así suelen “funcionar” estos pueblos donde cae mal hacer conocimiento científico, por estas prácticas dictatoriales, que no se borran de las manos ni de la memoria de quienes nos han gobernado.
