No son buenas noticias. El Informe sobre el Estado de la Población Mundial 2024 del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) nos deja sobre la mesa una problemática más: el incremento de la tasa de embarazos en adolescentes de 89 por cada 1,000 niñas y jóvenes de entre 15 y 19 años en 2021 a 97 por cada 1,000 en 2023. Las cifras, dice el Informe, casi duplican a las de América Latina y el Caribe (que es de 51).
Lo preocupante es que cada número está impactando a una niña, a una adolescente, a una mujer, a sus familias, con sus múltiples consecuencias para la salud emocional y mental de las jóvenes embarazadas, el estigma social y las preocupaciones sobre el futuro de ella y de su hijo, pero también el impacto en su educación, pues muchas se ven obligadas a suspender su formación académica; el impacto económico para las madres y las familias; y las consecuencias que podrían enfrentar con la salud de sus hijos, que están propensos a nacer prematuramente, a nacer con bajo peso o enfrentar problemas en su desarrollo.
Hay mucho por hacer, y en ello el gobierno juega un papel preponderante con la generación de políticas públicas integrales, claramente definidas, entre ellas fortalecer la escuela para padres, campañas de educación sexual en los colegios y centros de salud, así como campañas orientadas a reducir el embarazo a temprana edad, que son solo algunas de las opciones que los estudiosos de estos temas recomiendan.
Fomentar la comunicación abierta y de apoyo entre padres e hijos sobre temas relacionados con la sexualidad y la salud reproductiva.
También es importante involucrar a la comunidad en la promoción de normas sociales y culturales que apoyen la salud sexual y reproductiva de los adolescentes.
Se tiene que actuar, y pronto.
